Confieso que desde el principio me pareció "hueca" la institución de la Defensoría el Pueblo Riojano. Una institución que nació al amparo de un parlamento autonómico con mayoría absoluta y que desde mi punto de vista carecía de "imparcialidad".
No obstante, sea como fuere, con el paso del tiempo se vio que la Defensora del Pueblo ejercía sus funciones, sin a penas recursos.
Un servidor, en dos ocasiones ha acudido a sus servicios de la defensora, por cuestiones que no vienen al caso.
El presidente de la Cámara riojana ha admitido hoy la renuncia de María Bueyo Díez Jalón, como titular de la Defensoría del Pueblo Riojano, cargo que venía ocupando desde su elección en el año 2006.
Díez Jalón ha solicitado su reingreso en el servicio activo en el Cuerpo de Abogados del Estado y desempeñará su nuevo cometido profesional en Madrid.
A partir de ahora, el Parlamento de La Rioja asumirá la gestión administrativa de la Defensoría hasta que se elija y nombre al nuevo Defensor del Pueblo Riojano, en tanto que las labores propias de protección y defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos riojanos las seguirá desempeñando el personal de la propia institución.
Una pregunta obligada: ¿Es necesaria una institución como la Defensoría del Pueblo riojano, para una Comunidad autónoma de a penas 350.000 ciudadanos?¿Cómo se garantizará la independencia de este organismo si se mantiene con una partida económica mínima?
Probablemente no sea necesaria, pero lo cierto es que desde el comienzo de la crisis económica las demandas al órgano de la Defensora del Pueblo se han incrementado considerablemente, tal y como puede apreciarse en su
informe anual de 2010. ¿Quién amparará a partir de ahora a los riojanos?
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